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February 16, 2026
En una decisión de alto impacto jurídico, económico y social, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) para el año 2026 en $2.000.000. La medida fue adoptada como respuesta a una demanda de nulidad que cuestiona la legalidad del decreto, al considerar que se expidió con presuntas irregularidades en el procedimiento y con una afectación directa al principio de legalidad y a la competencia reglamentaria del Ejecutivo. Esta decisión no anula el decreto, pero deja sin efectos su aplicación mientras se resuelve el proceso de fondo, generando un escenario de incertidumbre jurídica que impacta directamente a empleadores, trabajadores y entidades públicas.
¿Qué decidió el Consejo de Estado?
El alto tribunal decretó la suspensión provisional del acto administrativo que fijó el SMMLV para 2026, al encontrar que, de manera preliminar, existen indicios serios de violación de normas superiores, lo que justifica frenar su aplicación para evitar un perjuicio de difícil reparación mientras se estudia la legalidad del decreto.
En términos prácticos, esto significa que el decreto no puede aplicarse temporalmente y que el salario mínimo para 2026 no puede incrementarse bajo ese acto, hasta que haya una sentencia definitiva. Por lo tanto, se mantiene la vigencia del último SMMLV legalmente válido (2025), hasta que se resuelva el proceso o se expida una nueva regulación conforme a derecho.
Principales fundamentos de la suspensión
De acuerdo con la providencia, el Consejo de Estado consideró que el decreto:
1. No acreditó de forma suficiente la ruptura real del proceso de concertación con las centrales obreras y los gremios empresariales, lo cual es un requisito esencial para que el Gobierno pueda fijar unilateralmente el salario mínimo.
2. No demostró adecuadamente la imposibilidad del legar a un acuerdo, ni la necesidad excepcional de imponer el aumento por vía reglamentaria.
3. Podría vulnerar el principio de legalidad, al ejercerse una competencia que solo se activa cuando se agota de manera efectiva el mecanismo de concertación.
Por estas razones, el despacho concluyó que la aplicación inmediata del decreto podría causar un impacto económico y jurídico significativo, sin que exista aún certeza sobre su legalidad.
¿Qué impacto tiene esta decisión?
La suspensión genera efectos directos para empleadores y empleados, tales como:
· Para los empleadores: Se frena la obligación de ajustar salarios, nóminas, aportes a seguridad social y costos laborales con base en el nuevo SMMLV y se evitan contingencias legales derivadas de aplicar un decreto que podría ser declarado nulo.
· Para los trabajadores: Se posterga el aumento salarial esperado para 2026 y se mantiene la incertidumbre sobre el ingreso mínimo legal aplicable.
· Para el Estado: Se reabre el debate sobre la correcta utilización de la facultad de fijar el salario mínimo por decreto y se refuerza el control judicial sobre los actos de impacto económico general.
¿Qué debemos esperar ahora?
El proceso continúa con el estudio de fondo de la demanda de nulidad. A partir de allí, pueden darse tres (3) escenarios:
1. El Consejo de Estado anula el decreto: En este caso, el aumento quedaría sin efectos definitivamente.
2. Se niega la nulidad: En este escenario, el decreto podría volver a entrar en vigor.
3. El Gobierno expide un nuevo decreto: Aquí pueden subsanarse los vicios advertidos.
Mientras tanto, el llamado para las empresas es actuar con cautela jurídica, evitando tomar decisiones basadas en un acto suspendido.
En conclusión, esta decisión marca un precedente relevante en materia laboral y administrativa, recordando que incluso los actos de mayor impacto económico deben sujetarse estrictamente a la ley y al debido proceso.
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Referencias Normativas
• Sentencia 11001-03-25-000-2026-00004-00 (0004-2026). Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, Consejo de Estado. 12 de febrero de 2026.
